Se alcanza una Acuerdo para la eliminación del threshold a la importación a efectos aduaneros
- CCJ

- 16 nov 2025
- 2 Min. de lectura

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político preliminar para eliminar el actual umbral de exención de derechos de aduana aplicable a las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Unión. Esta decisión se enmarca en los esfuerzos continuos por adaptar el marco aduanero europeo al creciente volumen de envíos vinculados al comercio electrónico y a los retos que ello plantea en términos de competencia leal, recaudación y control.
En el marco de la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) celebrada en el día de hoy, los ministros de Finanzas manifestaron un amplio respaldo a la necesidad de estudiar soluciones que permitan abordar de manera eficaz el notable incremento de pequeñas importaciones procedentes de terceros países, fenómeno que ha tensionado los sistemas de control aduanero y ha evidenciado limitaciones en el régimen vigente.
Como consecuencia de este consenso, varias delegaciones expresaron su disposición a anticipar la aplicación de la medida, que inicialmente estaba prevista para 2028 en el contexto de la futura reforma del Código Aduanero de la Unión.
Asimismo, el Consejo asumió el compromiso de trabajar de manera coordinada con la Comisión Europea y los Estados miembros para diseñar una solución transitoria, operativa y jurídicamente sólida, que permita avanzar hacia la eliminación del umbral de exención con un calendario más ambicioso. De acuerdo con lo discutido, esta solución provisional podría estar lista para su puesta en marcha ya en 2026, siempre que se alcance un acuerdo técnico y político suficiente en los próximos meses.
Esta iniciativa constituye un paso significativo hacia la modernización del sistema aduanero europeo y refleja la voluntad de los Estados miembros de reforzar la capacidad de respuesta de la Unión frente a las transformaciones del comercio minorista global, garantizando al mismo tiempo la protección de los ingresos públicos y unas condiciones de competencia equitativas para los operadores económicos establecidos en la UE.






