Propuesta de la UE de Aranceles a la exportación para el scrap de aluminio

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La Unión Europea ha dado un paso significativo hacia la protección de sus recursos estratégicos al plantearse, por primera vez desde que funciona como unión aduanera, la posibilidad de aplicar aranceles o restricciones a las exportaciones de un material clave: la chatarra de aluminio.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción para el Acero y los Metales impulsado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es garantizar que haya suficiente chatarra disponible dentro del mercado comunitario para las industrias locales. En los últimos años, las exportaciones europeas de este material han crecido de forma notable, impulsadas por una demanda global muy alta y por precios que ya se acercan a los del aluminio primario.

Según Bruselas, esta salida masiva de chatarra está generando tensiones importantes para los productores europeos, que dependen de ella no solo para mantener su actividad, sino también para avanzar en sus procesos de descarbonización. El resultado ya se deja sentir: algunos centros de producción han cerrado y varias inversiones en reciclaje se han pospuesto o cancelado.

Los precios elevados de la chatarra, junto con el aumento de las ventas al exterior, no solo ponen en riesgo la competitividad y la resiliencia económica del sector del aluminio en Europa, sino que también amenazan los objetivos medioambientales de la UE y su autonomía estratégica en materias críticas. La Comisión advierte que, si no se actúa, la viabilidad a largo plazo de toda la cadena de valor podría verse seriamente comprometida.

Por eso, la Dirección General de Comercio (DG TRADE) ha abierto una consulta pública a todos los agentes implicados —recolectores, recicladores, productores primarios y secundarios, comerciantes, empresas de logística y usuarios finales— para evaluar distintas opciones restrictivas, como aranceles a la exportación o sistemas de cuotas.

La consulta permanece abierta hasta el 31 de enero de 2026.

Una vez recopiladas las opiniones del sector, se espera que la Comisión presente una propuesta legislativa concreta durante el segundo trimestre de 2026, con la posibilidad de que las medidas entren en vigor en la primavera de ese mismo año.

Se trata, en definitiva, de un movimiento inédito que busca equilibrar la apertura comercial tradicional de la UE con la necesidad de proteger recursos esenciales para su industria verde y su soberanía económica.