La Comisión propone retirar la propuesta legislativa Green Claims Directive
- CCJ
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La Comisión Europea anunció esta semana que retirará la Directiva sobre Alegaciones Verdes (Green Claims Directive, GCD), que constituía una parte clave de la legislación europea contra el greenwashing
«En el contexto actual, efectivamente la Comisión tiene la intención de retirar la propuesta sobre alegaciones medioambientales», declaró hoy un portavoz de la Comisión.
La decisión llega poco después de que el Partido Popular Europeo (PPE) enviara una carta a la Comisión comunicando que ya no apoyará la GCD y solicitando su retirada. Una retirada de este tipo es muy poco habitual, pero la Comisión posee el derecho de iniciativa y, por tanto, puede ejercerlo también para retirar propuestas legislativas.
La Comisión Europea ha decidido retirar la Directiva sobre Alegaciones Verdes, una propuesta destinada a combatir el greenwashing y garantizar la veracidad de las afirmaciones medioambientales realizadas por las empresas.
Esta decisión llega tras una fuerte oposición por parte de los legisladores y después de dos años de negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La retirada implica que la regulación sobre las alegaciones engañosas en materia ambiental volverá a depender de las leyes nacionales de cada país, lo que podría generar inconsistencias en toda la Unión Europea.
La Directiva sobre Alegaciones Verdes, propuesta en marzo de 2023, estaba diseñada para proteger a los consumidores exigiendo a las empresas que respaldaran sus afirmaciones medioambientales con información fiable y verificable. Estudios previos habían indicado que muchas alegaciones verdes eran vagas, engañosas o carecían de fundamento, lo que hacía necesario un enfoque armonizado en toda la UE.
La decisión de la Comisión de retirar la propuesta fue anunciada durante una rueda de prensa, donde un portavoz declaró que la retirada se debía al “contexto actual”. Aunque las razones exactas no se especificaron completamente, se entiende que la directiva enfrentó una fuerte oposición, particularmente por parte del Partido Popular Europeo (PPE), que había solicitado su retirada.
La retirada de la Directiva sobre Alegaciones Verdes ha recibido críticas, ya que se considera un retroceso para los esfuerzos de la UE en promover la sostenibilidad ambiental y proteger a los consumidores frente a afirmaciones engañosas. La decisión ha sido descrita como una paradoja, dado el carácter urgente de abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor responsabilidad corporativa.
En ausencia de esta directiva, las empresas tendrán que cumplir con las diversas regulaciones nacionales sobre alegaciones medioambientales, lo que podría generar un sistema fragmentado y menos eficaz para combatir el greenwashing.
